Comunicado ante la derogación del artículo de la reforma laboral que permitía el despido procedente en pacientes por bajas médicas

El Grupo de Trabajo en Inequidades en Salud – Salud Internacional de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) ha manifestado su satisfacción ante la reciente derogación del artículo 52 d) del Estatuto de los Trabajadores, que regulaba el despido por bajas médicas reiteradas aunque estuvieran justificadas. A pesar de haber sido avalado por el Tribunal Constitucional, el polémico artículo ha sido derogado en el Consejo de Ministros del martes 18 de febrero a través de un Real Decreto Ley que lo modifica.

En nombre del Grupo de Trabajo en Inequidades – Salud Internacional de la semFYC, su coordinador Luis Gimeno, ha querido recordar que “la baja médica es una prescripción médica para cuidar la salud de los pacientes y de la sociedad. Está muy regulada y supervisada a través de las inspecciones de los servicios sanitarios y de las mutuas laborales, de manera que ante dudas de posibles bajas laborales injustificadas existen procedimientos cuya función es corregirlo”.

Según Gimeno, al contrario de lo que el artículo del Estatuto de los Trabajadores podía dejar entrever, el problema que existe en nuestro país en la actualidad tiene que ver con la precariedad laboral y no con el absentismo: “A menudo vemos pacientes en trabajos precarios que se incorporan antes de lo que estaría justificado médicamente, que solicitan altas precoces o incluso intentan evitar la baja por miedo a ser despedidos de sus trabajos”. De hecho, “el problema que vemos más a menudo en nuestras consultas es el de absentismo precisamente causado por la precariedad laboral. Numerosos estudios científicos demuestran que la precariedad laboral empeora la salud de las personas. Y por eso, animamos a mejorar los artículos más lesivos de la reforma laboral”.

Por otro lado, el Coordinador del Grupo de Trabajo en Inequidades en Salud / Salud Internacional de la semFYC ha recordado que en España “el despido es prácticamente libre. Denominándose improcedente, las empresas solo tienen que hacer un desembolso algo mayor por año trabajado. Y especialmente en personas con trabajos precarios, discontinuos, etc. eso supone muy poca carga económica para la empresa”.

El GdT en Inequidades/Salud Internacional ya mostró su preocupación el noviembre pasado donde se manifiestaban especialmente preocupados por determinados sectores de la sociedad: “Hemos de hacer notar que dado que la enfermedad sí entiende de niveles socioeconómicos y clases sociales, así como la precariedad laboral, esta postura del Tribunal Constitucional hubiera afectado de forma mucho más acusada a las personas de clases más bajas, incurriendo no solo en una desprotección de la salud de la población en general sino muy especialmente de las personas más vulnerables y desprotegidas”, afirmó Javier Padilla también miembro del Grupo de Trabajo en Inequidades en Salud – Salud Internacional de la semFYC.

La sentencia del Tribunal Constitucional avalaba el despido procedente en caso de que las faltas de asistencia al trabajo alcanzasen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos y de que el total de faltas de asistencia en los 12 meses anteriores alcanzase un 5% de las jornadas hábiles o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de 12 meses. Además, la empresa podría aludir a la pérdida de productividad como justificación.