Notas de prensa

La Junta Permanente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria para plazas de Atención Primaria

ANTECEDENTES

Este posicionamiento surge como reacción al hecho, puesto en conocimiento de las organizaciones sanitarias, colegios profesionales y sociedades científicas, que algunas gerencias sanitarias y áreas de Recursos Humanos de distintas Comunidades Autónomas han contratado o están contratando a personal con titulaciones no homologadas o sin reconocimiento para cubrir plazas reguladas que deberían ser ocupadas profesionales titulados conforme el régimen de garantías que supone el sistema MIR y la colegiación obligatoria.

Hace años que, desde la semFYC, demandamos que las administraciones y las universidades impulsen una discriminación positiva en favor de la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria con el fin de (1) hacer frente a la escasez de profesionales de esta especialidad debido a la inminente jubilación de las primeras promociones de médicas y médicos de familia, (2) preparar al sistema para la pandemia de enfermedades crónicas no transmisibles y al incremento de pacientes crónicos complejos con pluripatología, que los expertos señalan como el principal reto para los países industrializados, y (3) sitúen la atención integral, longitudinal y en continuidad que representa esta especialidad, presente en Centros de Salud y Servicios de Urgencias, en el centro del SNS y como eje de la atención que necesitan los ciudadanos.
En este punto, cabe recordar que las disposiciones publicadas sobre el programa formativo de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria las cuales determinan un conjunto de contenidos y competencias propias para esta especialidad relacionadas con la atención al individuo que, además, asume situaciones clínicas y sociales de alta complejidad.

 

POSICIONAMIENTO

A partir de estas consideraciones la Junta Permanente de la Sociedad Española de Médicos de Familia y Comunitaria señala:

 

• Las supuestas contrataciones que se están realizando con los condicionantes antes señalados son fruto de la falta de previsión y de una reacción improvisada ante una situación que era previsible.

• Dicha práctica iría en detrimento de la calidad asistencial que el Sistema Nacional de Salud presta a la ciudadanía y contradeciría los criterios en los que se sustenta la formación médica especializada (MIR) cuyo modelo es una referencia internacional.

• La contratación de personas que no cuentan con un título homologado sería extraordinariamente dañina para la especialidad, socavaría la confianza de los pacientes en los profesionales sanitarios y causaría un perjuicio irreparable para el sistema sanitario público.

• El sistema garantista que supone el MIR y la colegiación es un compromiso hacia la calidad asistencial y prescindir de éste pondría en riesgo al individuo.

• La contratación de personal que no ha alcanzado la especialidad vía MIR, supondría una ilegalidad (RD 931/1995 en cumplimiento de la Directiva Europea 86/457) y transmitiría un mensaje contradictorio y degradante hacia los licenciados que están cursando los cuatro años de especialidad.

 

Las dificultades implícitas de la gestión de recursos humanos no pueden justificar ni pueden dar cobertura legal alguna, en ningún caso, a la realización de contrataciones por los servicios públicos de salud que vulneren de forma flagrante la normativa (tanto la estatal como las normativas autonómicas) en materia de requisitos de titulación necesaria para ocupar plaza de Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en el ámbito de la sanidad pública. Ello se comunicó por parte de la semFYC y/o por sus federadas a las Gerencias de Servicios Públicos de Salud en los que se estarían produciendo tales situaciones, solicitando su cese y su inmediata rectificación.

Desde la Junta Permanente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria solicitamos a las gerencias y las direcciones responsables de la contratación de personal sanitario de las distintas Administraciones que se ciñan a la legalidad vigente realizando la gestión adecuada de recursos humanos y hagan una apuesta por la contratación de calidad; le den el reconocimiento que merece a la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria, así como las médicas y médicos que la ejercen, y a las y los residentes en proceso de especialización; la realización y activación de los mecanismos necesarios para que el sistema pueda hacer frente a las necesidades futuras de la población. Se hace ineludible planificar las necesidades presentes y futuras de médicos/as de familia, así como innovar y activar los mecanismos necesarios para que el sistema pueda hacer frente a las necesidades futuras de la población.

La semFYC y sus federadas estudiarán el ejercicio de las acciones que puedan proceder y que se estimen convenientes en el supuesto que persistieran o se reiteraran tales situaciones, las cuales no solo vulnerarían la legalidad vigente e infringirían los derechos e intereses de los Médicos de Familia sino que, además, podrían suponer un riesgo evidente para los usuarios de los servicios públicos de salud (en tanto ello supondría, en definitiva, ser atendidos por profesionales que no han recibido formación específica necesaria).

Sin perjuicio de ello, y siendo competencia e interés de las organizaciones sindicales todo aquello concerniente a condiciones laborales, contrataciones, etc., se dará conocimiento a los Sindicatos presentes en el sector de todo lo expuesto y de la posición de la semFYC y de sus sociedades federadas, a los efectos que puedan actuar en el marco de sus competencias y su cometido.

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