Luis Gimeno: "Las comunidades autónomas están presionando al Gobierno Central"

Entrevistamos a Luis Andrés Gimeno Feliu, miembro del Grupo de Trabajo de Desigualdad y Salud de la semFYC, acerca de la presentación del informe de REDER "Radiografía de la Reforma Sanitaria. La universalidad de la Exclusión" y sobre como se prevé el futuro respecto a las desigualdades que se han creado con la aplicación del RDL 16/2013.

¿Podrías explicarnos cómo ha sido el procedimiento de confección del informe "Radiografía de la Reforma Sanitaria. La universalidad de la Exclusión"?

Ha sido un gran e intenso trabajo en equipo a partir de la clara voluntad de varias organizaciones con perfiles diferentes pero a las que nos unía la voluntad de defender la Sanidad como un Derecho Humano Universal. En un principio nos encontramos la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, Médicos del Mundo, Andalucía Acoge y el Observatorio del Derecho Universal de la Salud de la Comunidad Valenciana pero posteriormente se han ido sumando numerosas organizaciones de todo el Estado. Cada organización ha aportado desde sus capacidades tanto en el desarrollo del Manifiesto inicial, como en la creación de la base de datos de denuncia de casos, en la detección de estos casos de incumplimiento del Derecho a la Atención Sanitaria y finalmente en la redacción y difusión del informe final. Frente a la Administración que defendía que ninguna persona carecía de la atención sanitaria necesaria, desde REDER hemos documentado más de 1.500 casos recogidos con rigor donde se demuestra en España los tres últimos años se ha vulnerado sistemática este Derecho Humano fundamental.

El título del informe es muy explícito respecto a las conclusiones de este. ¿Piensas que había alguna forma de prever las posibles consecuencias negativas de la aplicación del RDL 16/2013?

Era completamente previsible y obvio lo que iba a ocurrir. Desde el primer momento numerosas organizaciones y colectivos como semFYC se opusieron a este RDL. En la exposición de motivos de esta norma se realizaban afirmaciones sin ningún fundamento científico y la redacción del RDL estuvo plagada de errores que obligó a numerosas correcciones. El RDL implicaba la pérdida injustificada y masiva del Derecho a la atención sanitaria a cientos de miles de personas con las importantísimas consecuencias éticas, jurídicas, sociales y sanitarias que eso ha conllevado. Asimismo ha propiciado la aparición de una gran inequidad entre territorios y la proliferación de “programas-parche” en numerosas comunidades autónomas con criterios en muchas ocasiones arbitrarios y confusos.

En el informe se habla de incumplimientos en la aplicación del decreto en lo que respecta a casos como la maternidad, interrupción voluntaria del embarazo, seguimiento de tratamientos iniciados en países de origen… ¿Por qué crees que no se están cumpliendo los mínimos de asistencia previstos por la propia ley?

La ambigüedad y las contradicciones forman parte del propio diseño y aplicación del RDL. El objetivo no era mejorar el Sistema Sanitario Público sino contribuir a su deterioro y desprestigio. Asimismo se buscaba señalar ante la opinión pública como chivo expiatorio del deterioro de la Sanidad Pública al colectivo inmigrante. Finalmente la aplicación de este RDL quería minar los propios valores de los trabajadores y trabajadoras del Sistema Nacional de Salud a los que ponía entre la espada y la pared entre la obediencia a una Ley que atentaba contra nuestra obligación ética de atender a nuestros pacientes. A pesar de que el propio RDL garantizaba la atención urgente de todas estas personas, se difundieron instrucciones sobre los documentos de compromiso de pago y carteles disuasorios en las entradas de los dispositivos de urgencias que han contribuido a crear miedo entre los inmigrantes y confusión entre los profesionales. De hecho, cuando ha habido algún problema grave como el caso del fallecimiento de Alpha Pam en Baleares, a quienes se ha abierto expediente ha sido a los profesionales sanitarios, no a los responsables políticos.

A rasgos generales, ¿ha sido muy diferente la aplicación del decreto ley en función de las diferentes administraciones y territorios?

Como he comentado, la aplicación del RDL ha incrementado todavía más las inequidades entres los territorios. Cada Comunidad Autónoma ha interpretado la ley con mayor o menor literalidad y además muchas de ellas aplicaron programas-parche, algunos de ellos claramente insuficientes.

Hubo zonas como en Cataluña que en teoría se declararon rebeldes al RDL pero en la práctica siguieron dificultando el acceso a los inmigrantes en situación irregular a la vez que deterioraban la Sanidad Pública en su conjunto. Lo llamativo es que en territorios con legislaciones aparentemente más garantistas de los derechos de las personas, también se han documentado casos donde la población inmigrante no recibía la atención mínima a la que tenía derecho.

¿Como definirías la colaboración entre las diferentes organizaciones que habéis redactado el informe y formáis parte de REDER?

Creo que es muy positivo que organizaciones con distintos objetivos e historias se coordinen sobre problemas concretos y aporten sus capacidades y visiones complementarias para poder mejorar la sociedad que construimos entre todas y todos. Cuando hay voluntad real de buscar acuerdos y aquello que nos une, en este caso el Derecho Humano fundamental a la atención sanitaria, la coordinación en la diversidad no puede dar más que frutos positivos.

¿La nueva crisis de refugiados en Europa puede dificultar un cambio en la legislación actual?

En teoría no ya que también en el caso de los refugiados hay una normativa internacional que obliga a garantizar el derecho a la atención sanitaria. Estos fenómenos nos recuerdan el mundo global interconectado en que vivimos y que lo más correcto, justo y eficaz es contribuir a una ciudadanía mundial donde primen los derechos humanos y la centralidad de las personas por encima de los intereses económicos de unos pocos. En Europa se ha destinado los últimos años muchísimo más dinero en rescatar bancos que en atender a las necesidades básicas de la ciudadanía. Hay recursos suficientes para garantizar una vida digna para toda la población, pero en demasiadas ocasiones se han usado para beneficiar a un pequeño grupo de élites que se han enriquecido enormemente los últimos años. Una clara prueba de ello es que las desigualdades sociales han aumentado en España de una manera atroz.

Dicho esto, no sería de extrañar que desde estas élites, se intentará confundir a la opinión pública contraponiendo los derechos básicos de los refugiados con los derechos básicos de la ciudadanía...

Y finalmente, ¿crees que este informe tendrá efectos a nivel político en un horizonte próximo?

Esa es nuestra voluntad. No se trata un informe exclusivamente académico destinado a dormir en un armario sino que tiene voluntad de promover un cambio social. Para eso es fundamental informar a la opinión pública contribuyendo de esta manera a crear una ciudadanía informada que exija los cambios políticos a nuestros gestores. Por otro lado, las organizaciones que formamos REDER seguiremos realizando la labor de abogacía de los Derechos Humanos en defensa de todas las personas.

De hecho, tras las últimas elecciones autonómicas, numerosas Comunidades Autónomas han legislado de una manera mucho más respetuosa con los Derechos Humanos y están presionando al Gobierno Central para la derogación del RDL. Esperamos poder ver este cambio más pronto que tarde. Desde la semFYC seguiremos trabajando para que esto ocurra lo antes posible.