Un centenar de entidades científicas, sanitarias y sociales piden proteger la salud de las personas más vulnerables en España

Un centenar de entidades científicas, sanitarias y sociales, entre las que se encuentra la semFYC, han firmado la Declaración de Granada, que nació durante el V Congreso europeo sobre Migrantes, Minorías Étnicas y Salud. De esta manera, han pedido que se proteja la salud de los colectivos más vulnerables en España, incluidas las personas migrantes y las minorías étnicas.

 

En concreto, las entidades firmantes han denunciado:

 

• El empeoramiento de las ya precarias condiciones de vida de este colectivo, con afectación a su salud, como consecuencia de las políticas de recortes.

 

• Su mayor sufrimiento de los recortes en servicios sanitarios y sociales, que han traído como consecuencia que en ocasiones no puedan ver cubiertas sus necesidades en salud física y mental.

 

• La limitación de acceso a los sistemas sanitarios, con la excusa de la crisis económica, aun sin valorar el impacto económico -reducido- y social -enorme- que tienen estas medidas, como el Real Decreto Ley de exclusión sanitaria.

 

• Los largos periodos de detención de inmigrantes en instalaciones deficientes, como los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y el auge de la xenofobia detectado en algunos países europeos.

 

Los representantes de las entidades firmantes de esta Declaración solicitaron el pasado mes de mayo una reunión a la ministra de Sanidad, Ana Mato, para exponerle las conclusiones del Congreso; una petición que continúa todavía sin respuesta.

 

El texto se ha presentado hoy y el director de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Carlos Artundo, ha exigido a los gobiernos europeos y a la Comisión Europea que garanticen el derecho a la atención sanitaria de estos colectivos "como es su obligación", además ha hecho un llamamiento a revisar el Real Decreto Ley de 2012 (RDL) y a acordar con los actores sociales, políticos y expertos en la materia las modificaciones a introducir en línea con esta "Declaración de Granada". El presidente de la semFYC, Josep Basora, ha recordado que "nuestro deber nos impone atender a todas las personas que acudan a nuestra consulta" y ha advertido que "la retirada de la cobertura sanitaria universal ha supuesto en muchos casos que no podamos hacerlo, rompiendo la continuidad asistencial y generando inseguridad sanitaria en la población".

 

Para el presidente de Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), Ildefonso Hernández, "es una paradoja que el Gobierno proclame reiteradamente que su papel es cumplir y hacer cumplir las leyes y sin embargo las conculque sistemáticamente. La reforma sanitaria se hizo sin atender a los principios de equidad que establecen la propia Ley General de Sanidad y la Ley General de Salud Pública y en contra de la Carta Europea de Derechos Sociales". También desde Médicos del Mundo, en concreto la directora de Operaciones Locales, Begoña Santos, ha insistido que "aunque el gobierno niega que se estén produciendo casos de desatención sanitaria e incumplimiento de lo regulado en el propio RDL, en nuestra organización recibimos cada día decenas de personas a las que les han tratado de cobrar la atención en urgencias, incluso embarazadas y menores de edad, o personas mayores con enfermedades crónicas que, incluso residiendo legalmente en España, no logran acceder a la atención sanitaria".

 

Adhesiones

La Declaración ha cosechado ya un centenar de adhesiones de organizaciones e instituciones internacionales. Entre las más relevantes se encuentran sociedades científicas españolas como SESPAS, SEE, SESA, SEEP, AEN, AEC o SEMFyC; Organizaciones No Gubernamentales como Médicos del Mundo (y su red internacional), Red Acoge, CEAR, FADSP, Fundación Secretariado gitano y movimientos como Yo Sí Sanidad Universal; organizaciones profesionales y sociedades científicas europeas(EUPHA, EPHA, Sociedad Francesa de Salud Pública, Asociación Médica Panhellénica, Real Colegio de Enfermeras del Reino Unido, Red Europea de Médicos residentes en salud pública) y entidades de la sociedad civil europea (Consejo Europeo de Refugiados y Exilados, Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos, Instituto Europeo de Salud de la Mujer, Red Europea contra el Racismo, Red Europea de mujeres emigrantes, Centro Europeo de Derechos de la Población Gitana, Federación Belga de Maisons Médicales), junto a instituciones académicas, como las universidades de Lausanne, Sevilla, Glasgow, Pécs, Gothenburg, Granada y Copenhague, sin olvidar organismos internacionales (Organización Internacional para las migraciones, Federación Internacional de Estudiantes de Medicina, Asociación Internacional de Servicios Públicos).

 

Contexto

La manera en que la crisis económica afecta a la salud de la población depende de distintos factores, pero sobre todo de las respuestas políticas, que afectan a los determinantes sociales de la salud (condiciones de vida, de trabajo, acceso a los servicios). Mientras el mantenimiento de las políticas sociales actúa como factor protector, la disminución de la protección social afecta negativamente la salud.

 

Asimismo, las consecuencias negativas de las restricciones en la protección social son mayores para los ciudadanos en situación de vulnerabilidad social y económica, con mayores riesgos de empeorar su calidad de vida. Entre ellos se encuentra la población inmigrante (por ejemplo, la tasa de paro en la población general es del 26,3%, frente a un 35,7% en la de origen extranjero, según el Instituto Nacional de Estadística, o las ganancias salariales medias brutas anuales de la población trabajadora inmigrantes es un 31,4% inferior a las de la población española. No obstante, las necesidades en salud y atención en salud de la población inmigrante son similares al resto de la población, e incluso en algunos aspectos sus condiciones de salud son mejores (por ejemplo, menor presencia de enfermedades crónicas o mejores hábitos saludables).

 

Los estudios consideran que, además de la exclusión de las personas en situación administrativa irregular de la atención sanitaria normalizada, la reducción actual en el gasto en salud conllevará a un aumento de barreras de acceso (administrativas, económicas, etc), tanto para la población en general, como la población inmigrante.

 

Los representantes de las entidades que han presentado hoy el texto han recordado que no hay ninguna evidencia científica que sustente la exclusión de las personas migrantes indocumentadas de la atención sanitaria. Por el contrario, es evidente que es necesario prestársela por razones de derechos humanos, salud pública, e incluso económicas.